El precio de existir: la vivienda como motor de desigualdad en España

El derecho a una vivienda digna es un pilar básico de cualquier sociedad que se considere justa y «avanzada». Sin embargo, en España (y cada vez en más países de este mundo al que nos gusta denominar desarrollado), ese derecho se ha convertido en una quimera. Para millones de jóvenes, emanciparse no es una opción, sino un imposible. El alquiler devora sus sueldos, la compra es un lujo reservado a las generaciones anteriores y la política habitacional es un campo de batalla donde la clase política juega a corto plazo mientras la población sufre las consecuencias.

No se trata de un problema coyuntural. No es una crisis más dentro del ciclo económico. Es el resultado de décadas de políticas erráticas, ineficaces y sometidas a los intereses de quienes ven la vivienda no como un derecho, sino como un activo financiero. Y, mientras tanto, los grandes partidos se reparten el relato según la conveniencia de sus siglas, sin atreverse a tocar los cimientos de un modelo que perpetúa la precariedad habitacional y por ende, vital.

Una generación atrapada en la precariedad

Los datos son brutales. En España, la edad media de emancipación ronda los 30 años, de las más altas de la UE. Un alquiler medio representa el 80% del salario de un joven, cuando lo recomendable es que no supere el 30%. Pero no se trata solo de precios: también hay un mercado roto, donde cada nuevo contrato supone una subida descontrolada, donde las opciones habitacionales son más parecidas a la torre de Segismundo que a una vivienda y donde el turismo se come la historia de nuestros barrios.

Para millones de jóvenes, emanciparse no es una opción, sino un imposible

Mientras esto sucede, el gobierno y la oposición juegan al ajedrez electoral. Cuando están en la oposición, denuncian la situación con discursos grandilocuentes. Cuando gobiernan, usan estadísticas con medidas aisladas que apenas arañan la superficie del problema. El resultado: la vivienda sigue siendo un agujero negro que absorbe los recursos de quienes menos tienen y engorda las cuentas de quienes ya eran ricos.

Políticas fallidas y promesas rotas

Se han probado muchas recetas. Algunas necesarias, pero insuficientes. Otras directamente contraproducentes. La Ley de Vivienda ha llegado tarde y sin herramientas reales para garantizar su aplicación autonómica y real. Las ayudas al alquiler, lejos de solucionar el problema, han servido para que los precios suban todavía más. La vivienda pública es una ficción: apenas un 2,5% del parque habitacional es de titularidad estatal, cuando la media europea está en el 10%. Mientras en Viena el 60% de los ciudadanos vive en viviendas protegidas, en España eso es visto como una propuesta pseudo-comunista.

Un Pacto de Estado que trascienda las siglas

El acceso a la vivienda no puede seguir siendo un tema relegado a la coyuntura electoral. Necesitamos un acuerdo amplio, serio y de largo plazo, donde todas las fuerzas políticas se comprometan a tomar medidas estructurales, sin importar quién esté en el gobierno nacional, autonómico o local.

Cada año que pasa sin una reforma real de la vivienda es un año más de desigualdad, de precariedad y de oportunidades perdidas. No es un problema de izquierda o derecha: es un problema de justicia. La vivienda no puede seguir siendo uno de los mayores factores de empobrecimiento de la población.

El inmovilismo político nos ha llevado hasta aquí. La pregunta es: ¿seguiremos permitiendo que el mercado decida quién puede tener un hogar y quién no? Porque, mientras los partidos se pelean en el Congreso, la realidad es que cada vez más personas ven la vivienda como un sueño roto, una meta inalcanzable. Y vivir, permitidme que os diga, no debería ser un privilegio.

Elsa Arnaiz es directora general de Talento para el Futuro

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