Atención a esto: La indignante estrategia de Ana Julia Quezada para cobrar 300.000 euros por el documental sobre Gabriel Cruz

Ana Julia Quezada: la asesina del caso Gabriel y su nueva polémica

Ana Julia Quezada fue condenada a prisión permanente revisable por asesinar al pequeño Gabriel Cruz en 2018. El crimen conmocionó a toda España, y su figura se convirtió en sinónimo de crueldad e impostura. Años después, vuelve a los titulares por un nuevo escándalo que mezcla dinero, manipulación y oscuros intereses en prisión.

Según ha revelado El Periódico, Quezada creía que obtendría una cifra astronómica —alrededor de 300.000 euros— por participar en un documental centrado en su vida y en el asesinato del niño. La producción, de tipo true crime, estaría en marcha con su testimonio como eje central. La suma prometida alimentó las aspiraciones económicas de Quezada desde su celda.

El dinero como motor de una estrategia.

La información salió a la luz gracias a la declaración de un testigo ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila. Este juzgado investiga cómo Ana Julia obtuvo un teléfono móvil dentro de la cárcel de Brieva y su posible relación íntima con funcionarios. En este contexto, el testigo dio detalles sobre las expectativas económicas de la reclusa.

La pareja sentimental de Quezada, una joven de 29 años que trabaja en una residencia en Barcelona, ha sido pieza clave en este entramado. La asesina no confiaba del todo en la productora, por lo que exigió un adelanto del pago: entre 20.000 y 30.000 euros, según este testimonio. Este movimiento forma parte de un plan más amplio para intentar controlar los fondos desde prisión.

Una deuda que lo devora todo.

Aunque la cifra pactada con la productora resultara ser real, Ana Julia no podría disfrutar del dinero. Sobre ella pesa una indemnización de 500.000 euros a los padres de Gabriel y una deuda de 202.000 euros correspondiente a los costes de búsqueda del menor. Legalmente, cualquier ingreso quedaría embargado para cubrir estas obligaciones.

Por ello, Quezada habría ideado una fórmula para mover el dinero fuera del alcance judicial: firmó desde prisión dos poderes notariales a favor de su actual pareja y de otra persona. De este modo, pretendía desviar los fondos hacia terceros y eludir sus responsabilidades económicas. «Que cuando cobre el dinero del documental la va a compensar por su ayuda y para que deje alguno de los trabajos que tiene», asegura el testigo que ella le prometió a su pareja.

Un móvil, un funcionario y un pacto turbio.

La implicación de funcionarios penitenciarios añade una capa aún más turbia al caso. Según la declaración recogida, la pareja de Quezada se reunió con uno de ellos en el aparcamiento de un hostal. En ese encuentro, le entregó un teléfono móvil que acabaría en manos de la reclusa. Con él, Ana Julia habría grabado parte de las entrevistas para el documental.

Ahora, el juzgado abulense investiga no solo a Quezada, sino también al funcionario, que habría accedido a introducir el móvil a cambio de favores sexuales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma que se le investiga por un presunto delito de cohecho, mientras se busca esclarecer si hay más personas implicadas en el caso.