Un informe señala la “impunidad” del agresor y la “desatención" a las víctimas de violencia sexual en el cine español

En octubre de 2017, el caso Weinstein saltó a los medios de todo el mundo. El productor de cine más poderoso de Hollywood era denunciado por numerosas mujeres de violencia sexual y abuso de poder. Su caso levantó una alfombra, la de los abusos en la industria del cine. Las mujeres, bajo ese hashtag que ya es histórico de MeToo tuvieron por primera vez el valor para hablar y contar los casos que habían sufrido en el sector. Desde entonces, una pregunta siempre ha surgido: ¿por qué las ondas expansivas de aquel terremoto no llegaron hasta el cine español? Excepto contadas ocasiones, como las acusaciones contra Carlos Vermut publicadas por El País, no han salido nombres.

Para entender qué ha pasado en el cine español, para entender la dimensión de las violencias sexuales y cómo se encuentran incrustadas en el sector, la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA) han estado realizando un informe durante un año para “analizar el impacto de las violencias sexuales contra las mujeres en la industria cinematográfica y del audiovisual en el Estado español”. Para ello se han centrado tanto en “la dimensión cuantitativa y cualitativa del problema como principalmente las consecuencias en las trayectorias profesionales, en el bienestar, la salud y en los proyectos de vida de las mujeres de la industria”.

Un estudio duro, contundente, y que apunta a que en el cine español predomina “la impunidad” del agresor y la “desatención de las víctimas”, además de señalar la falta de implicación de las instituciones públicas “en su deber de prevenir, asistir integralmente, reparar a las víctimas/supervivientes y sancionar a los responsables (directos e indirectos) del sostenimiento, impunidad y ejercicio de las violencias sexuales presentes en la industria”.

El informe subraya los “patrones reiterados de normalización y naturalización en el ejercicio de las múltiples formas de violencia sexual contra las profesionales de la industria”, además de la “impunidad hacia quienes ejercen la violencia, arropada por el silencio, el castigo y el miedo que enfrentan las mujeres que revelan lo sucedido, o el blindaje profesional de los agresores, en algunas ocasiones, no solo no siendo apartados del proyecto cinematográfico o audiovisual, sino al contrario, ascendiendo profesionalmente”.

El informe también ofrece datos cuantitativos de una encuesta realizada a 312 socias de CIMA. De ellas, el 60,3% declaran haber sufrido algún tipo de violencia sexual en los espacios relacionados con la industria del cine y del audiovisual. El 81,4% de las mujeres que han sufrido violencia sexual manifiestan haberse enfrentado al acoso verbal, mientras que el 49,5% revelan haber sufrido acoso físico.

El 76,3% de las mujeres encuestadas consideran que las personas en posiciones de poder en la industria del cine y el audiovisual abusan de manera “frecuente” o “muy frecuente” de su autoridad para poder ejercer alguna forma de violencia sexual. Los datos también revelan la poca confianza en la justicia, ya que el 64,4% de las mujeres en todos los rangos de edad considera que las denuncias no son tomadas en serio. Ese porcentaje sube al 80% si solo se tiene en cuenta a las mujeres más jóvenes (entre 20 y 29 años). Una franja de edad que desde el informe señalan como doblemente vulnerables, ya que se ejerce más poder sobre ellas, a la vez que la admiración hacia las figuras que ejercen esa violencia hace más difícil que se detecten o actuar. Otro dato demoledor es que el 96,2% de las mujeres, independientemente de su edad, consideran la necesidad de mayores regulaciones y otras medidas, como la formación, para prevenir las violencias sexuales en la industria.

En el acto de presentación, dentro de las jornadas sobre violencias que ha organizado CIMA, han estado y hablado las dos personas responsables del informe: Bárbara Tardón, doctora en estudios interdisciplinares de género y experta en violencia sexual, y Nerea Barjola, politóloga y doctora en feminismos y género, y cuenta con la financiación del Ministerio de Igualdad, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Instituto de las Mujeres.

Barjola ha comenzado señalando también a los medios como responsables del tratamiento de las noticias sobre violencia haciendo hincapié en que los titulares e informaciones sensacionalistas generan más violencia. “Tenéis una responsabilidad en cómo se trata la violencia. La responsabilidad es política y colectiva, si no lo hacemos bien, si nos quedamos en los testimonios para los grandes titulares, revictimizamos a la mujer y ahondamos en la herida, pero su lo hacemos bien contribuimos a la reparación y el análisis crítico”.

Barjola subrayó también el “rigor” del informe y la importancia de centrarse más en lo cualitativo, donde ha habido más de 150 testimonios y cuatro grupos de trabajo: “Lo cualitativo es científico. Tendemos a creer en lo otro, pero para entender el impacto de las violencias sexuales necesitamos un análisis cualitativo para llegar a todo el espectro al que nos enfrentamos”, afirmó y subrayó el quedarse en los datos como algo “patriarcal”. Almudena Carracedo, vocal de CIMA y miembro de la comisión de violencias de la institución afirmó que este informe es “lo que necesitaba la industria para entender la dimensión de estas violencias”.

En el acto ahondaron en las conclusiones de ese informe. Barjola volvió a destacar la “naturalización y normalización de las violencias en el cine”, que están “integradas en el entorno laboral”, lo que “hace más difícil identificarlas”. “Se perciben como inevitables y se asocian a permisividad y a precariedad, que son elementos clave para crear una cultura de la impunidad. Faltan herramientas para identificarlas y nombrarlas porque están integradas, y esa naturalización nos impide hacer un análisis critico y transformar las cosas”, aseveró.

Violencias que están en “muchos ámbitos, desde las escuelas de interpretación hasta la distribución del producto audiovisual, hasta los despachos y oficinas, donde se excluye a las mujeres de los procesos de negociación y de la toma de decisiones, así como en las escenas de intimidad no pactadas donde muchas mujeres han sido agredidas”.

Remarcó el “silencio y la impunidad” ante esas violencias. “Un silencio colectivo del que hay que ser responsables como sociedad. Si guardamos silencio es porque el contexto no facilita que podamos hablar de las agresiones. Cuando somos valientes o no te creen o te revictimizan”, añadió y pidió protocolos que funcionen, destacando los actuales como “ineficaces y casi simbólicos”.

Su compañera Bárbara Tardón dijo que, por desgracia, no les ha sorprendido el resultado de este informe que ha pretendido no quedarse “solo en el diagnóstico”, sino crear una serie de “recomendaciones a los medios, a las instituciones, y al sector, además de los ministerios de Cultura, Igualdad, Trabajo, Seguridad Social, Justicia y a las CCAA y el sector del cine”.

Para el Ministerio de Ernest Urtasun pidió que se utilicen “los fondos del pacto de estado transferidos al ministerio para la prevención, la erradicación y el acompañamiento de las mujeres de la industria que sufran o hayan sufrido violencias” además de crear un “protocolo marco de actuación y acompañamiento”.

Recordó que desde la implantación de la “ley del sí es sí los protocolos de actuación son obligatorios y las empresas que no los tengan se enfrentarán a una responsabilidad penal”. Para ello exigió “formación especializada que no sea de 5 o 12 horas, sino de 100 horas para todo el sector, especialmente en las áreas de producción”. Para finalizar, tiró de las orejas a la Academia de Cine, a la que solicitó “que cree su propio protocolo”, también al resto de academias que no lo hayan hecho a las que pidió que se pongan las pilas porque son “instrumentos claves para transformar la cultura”.