Pardo de Vera, de fichaje frustrado de Hidalgo, a asesora de Florentino

La que fuera secretaria de Estado de Transporte, Isabel Pardo de Vera, desembarca en el sector privado de la mano del líder de ACS y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Tras dos años de incompatibilidad por su cargo en la administración pública, que le obligó a desechar, entre otras, una propuesta de la familia Hidalgo, la también expresidenta de Adif desempeñará labores de asesoramiento en la constructora (Air Europa quiso contratar a la ex número dos de Transportes pese a ser incompatible).

Según informa El Confidencial, el sueldo rondará los 400.000 euros anuales. En este caso, no ha necesitado autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses para unirse a ACS, ya que el periodo de restricción finalizó el pasado 21 de febrero.

Entre las ofertas que se ha visto obligada a rechazar en los últimos meses destacan la de Air Europa, que intentó incorporarla en 2023 tras su salida del Gobierno. Como publicó Preferente, su fichaje fue considerado incompatible ya que, como secretaria de Estado, participó en decisiones clave para la compañía, incluyendo la negociación de la operación con Iberia.

Así, el salto de Pardo de Vera al sector privado ha estado marcado por las limitaciones que le imponía su anterior cargo. A principios de año, dejó el consejo de administración de Revenga Ingenieros, donde había ingresado en julio de 2024, alegando “motivos personales”. También renunció a la presidencia de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) en diciembre de 2023.

Pero de alguna manera también se ha visto beneficiada por estas incompatibilidades. Desde su cese en 2023, ha recibido cerca de 80.000 euros del Gobierno en concepto de indemnización. Asimismo, durante ese tiempo, también realizó asesorías puntuales para el fondo suizo Ginkgo, que invierte en un proyecto residencial en Oviedo.

En las últimas semanas su nombre volvió a salir a la luz al pronunciarse acerca de la trama de Ábalos y las mascarillas. Concretamente fue el pasado 21 de febrero, cuando declaró ante la Guardia Civil haber recibido “presión” del exministro y su equipo para adjudicar con urgencia un contrato de cinco millones de mascarillas, actualmente bajo investigación.

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