Deontología de las relaciones institucionales

La palabra «deontología» encuentra su origen en los términos griegos déon («deber, obligación») y logos («discurso, estudio»). Aunque el filósofo inglés Jeremy Bentham acuñó el término en el siglo XIX, el concepto se suele asociar más con la ética kantiana, basada en principios morales absolutos. Con el tiempo, la palabra «deontología» se fue aplicando al ámbito profesional, en paralelo al desarrollo de códigos éticos para distintas disciplinas. Es el caso del Código de Conducta de la Función Pública Británica (1854), basado en el cumplimiento de valores fundamentales como la integridad, la honestidad, la objetividad y la imparcialidad; o del Código de Ética de la Asociación Médica Americana (1847), inspirado en uno de los más antiguos códigos de conducta profesionales: el Juramento Hipocrático del siglo V a.C.

Desde las Partidas de Alfonso X hasta los Códigos de Comercio y las normas gremiales desarrolladas por las guildas y corporaciones medievales en Europa, siempre ha existido la necesidad de establecer reglas que disciplinen los deberes específicos de cada profesión. Un enfoque imprescindible en profesiones donde la integridad y la transparencia son esenciales, como en el ámbito de las relaciones institucionales.

Las relaciones institucionales son una actividad clave para el funcionamiento de las democracias modernas y la elaboración de políticas públicas. Sin embargo, la percepción de esta profesión está a menudo rodeada de falsos mitos. Por ello, la existencia de un código de conducta claro es fundamental para garantizar que la representación de intereses ante los poderes públicos se realice con transparencia y responsabilidad.

En este contexto, la autorregulación juega un papel crucial. A diferencia de la regulación externa, que puede ser percibida como impositiva o insuficiente, los códigos de conducta adoptados por asociaciones profesionales permiten a los propios actores del sector establecer estándares éticos que refuercen la confianza en la actividad. Este enfoque es particularmente relevante en un entorno en el que la información asimétrica y los conflictos de interés pueden surgir con frecuencia.

Entre los dilemas éticos a los que nos enfrentamos los profesionales de las relaciones institucionales, hay algunos recurrentes:

1. Transparencia vs. confidencialidad: la línea entre la necesaria confidencialidad de ciertas interacciones y la obligación de garantizar procesos transparentes es a menudo difusa.
2. Conflictos de interés: la representación de distintos intereses puede generar situaciones donde la objetividad y la independencia profesional se vean
3. Acceso justo a la toma de decisiones: asegurar que la participación en el proceso político no esté restringida a unos pocos actores con mayor capacidad de influencia es un reto constante.

Para abordar estos y otros desafíos, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) desarrolló en 2011 un código de conducta que establece unos principios claros de actuación profesional, y que ha sido actualizado a lo largo de estos años. En el centro de este esfuerzo está el Comité Deontológico, cuya función es velar por el cumplimiento de estos estándares éticos. Mediante la revisión de prácticas, la resolución de consultas y la promoción de una cultura de integridad, reforzando así el compromiso de los profesionales del sector desde la ética y la responsabilidad.

La deontología es una herramienta fundamental para consolidar las relaciones institucionales

En definitiva, la deontología aplicada a las relaciones institucionales no es solo un marco teórico, sino una herramienta fundamental para consolidar la necesaria confianza en la profesión. La autorregulación, a través de iniciativas como el código de conducta de APRI y la labor del Comité Deontológico, permite fortalecer la legitimidad de los profesionales del sector, garantizando que la representación de intereses se lleve a cabo con los más altos estándares de ética y transparencia.

En un momento en que el debate sobre la regulación del lobby está en pleno auge, impulsado por la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley que regula la actividad de los grupos de interés, y del I Plan de Parlamento Abierto, es muy necesario destacar la importancia de estas reglas internas y su aplicación voluntaria en el ejercicio de nuestra profesión.

Andrea Vota es presidente del Comité Deontológico de APRI y responsable de políticas públicas para el sur de Europa de la empresa Bolt.

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