El estremecedor mensaje de Patricia, madre de Gabriel Cruz, al enterarse de lo sucedido con Ana Julia: «Me da miedo salir a la calle»

Un clamor por justicia.

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en Níjar (Almería) en 2018, ha convocado a los medios de comunicación este miércoles para alzar la voz frente a lo que describe como una alarmante situación de “desamparo y desprotección institucional y judicial”. En esta comparecencia, la madre del pequeño buscará evidenciar la ausencia de apoyo que, según ella, sufren muchas familias víctimas de crímenes violentos en España.

La convocatoria se enmarca en una larga lucha que Ramírez ha llevado a cabo durante años para que se reconozcan las fallas del sistema judicial y penitenciario que, en su opinión, revictimizan a quienes ya han perdido todo.

Uno de los aspectos que ha motivado esta nueva denuncia pública tiene que ver con las supuestas concesiones que, de acuerdo con Ramírez, se estarían otorgando dentro de la prisión de Brieva (Ávila), donde se encuentra recluida Quezada. En junio de 2023, la madre del niño solicitó formalmente a la Audiencia de Almería que investigara el intento de esta reclusa de cerrar un contrato con una productora audiovisual interesada en crear un documental sobre el caso, con miras a su venta a plataformas de streaming como Netflix.

Denuncia posibles irregularidades en prisión de Ana Julia.

Uno de los aspectos que ha motivado esta nueva denuncia pública tiene que ver con las supuestas concesiones que, de acuerdo con Ramírez, se estarían otorgando dentro de la prisión de Brieva (Ávila), donde se encuentra recluida Quezada. En junio de 2023, la madre del niño solicitó formalmente a la Audiencia de Almería que investigara el intento de esta reclusa de cerrar un contrato con una productora audiovisual interesada en crear un documental sobre el caso, con miras a su venta a plataformas de streaming como Netflix.

En aquella ocasión, Ramírez explicó que las autoridades penitenciarias rechazaron la participación de Quezada en el proyecto después de detectar posibles infracciones dentro del centro, entre ellas el uso irregular de un teléfono móvil. El hallazgo, además de reforzar las sospechas sobre la veracidad del intento de comercialización, sirvió como detonante para que Ramírez intensificara su campaña por una legislación más restrictiva en torno a los contenidos inspirados en crímenes reales.

«Me da miedo salir a la calle».

Este esfuerzo por visibilizar las consecuencias de la explotación mediática de tragedias personales la llevó, un año después, al Senado. En junio de 2024, compareció por primera vez ante la comisión de Interior, donde solicitó la creación de un pacto de Estado que ponga freno a la proliferación de contenidos ‘true crime’ cuando afectan a víctimas directas o a sus allegados. La propuesta busca establecer límites éticos y legales a la hora de recrear historias basadas en crímenes reales que, en muchos casos, reabren heridas aún sangrantes.

«Me da miedo salir a la calle», confesó Ramírez en una entrevista con la televisión pública suiza poco después de su intervención parlamentaria. En ese testimonio, compartió el impacto devastador que han tenido en su vida las especulaciones constantes y la posibilidad de que se genere «otro juicio paralelo» en los medios. Sus palabras pusieron en evidencia la doble pena que sufren muchas víctimas: la judicial y la mediática.

Memoria, respeto y límites.

Desde hace años, Ramírez viene señalando el profundo dolor que le ha causado saber que la mujer que asesinó a su hijo podría estar intentando sacar provecho económico de su crimen. Según su denuncia, Quezada habría argumentado que esos beneficios le permitirían hacer frente a la responsabilidad civil dictada en su condena o incluso enviar dinero a su familia. Para Ramírez, esta lógica no solo es perversa, sino que vulnera profundamente la memoria de su hijo y el derecho de su familia a no ser expuesta nuevamente al sufrimiento.

En línea con estas preocupaciones, la madre del menor ha mostrado su rechazo público a la publicación de libros o productos culturales que se basan en testimonios de autores de crímenes particularmente atroces. Uno de los casos que ha citado como ejemplo es el de José Bretón, condenado por asesinar a sus dos hijos en Córdoba, y cuyo nombre ha vuelto a circular en algunos proyectos editoriales recientes. Para Ramírez, este tipo de iniciativas trivializan el horror y convierten el dolor ajeno en espectáculo.

En la rueda de prensa convocada para este miércoles, Patricia Ramírez ha hecho una petición concreta a los medios de comunicación: que no se divulguen detalles escabrosos relacionados con el asesinato de Gabriel. El objetivo, afirma, no es solo proteger su propia salud mental, sino también establecer un precedente de respeto hacia todas las familias que han sido víctimas de una violencia irreparable.